Capítulo 59 Crónica: Las presunciones de hoy

En 2011, España se dio una ley nueva del Registro Civil, y en la lista de los obligados a dar cuenta de un nacimiento no pone primero a la familia: pone a «La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios», que desde la redacción de 2015 «comunicará en el plazo de setenta y dos horas a la Oficina del Registro Civil» cada nacimiento. A partir de ahí, «El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento», con un código personal, único e invariable en el tiempo. Nadie preguntó. Y nadie podía preguntar: el interesado tenía cero días.

Esa es la raíz de las demás presunciones, la que la ley da por cierta sin escribirla en ningún sitio. El Estado se presume válido a sí mismo, mientras el consentimiento del ciudadano, que debería ser el punto de partida, «se presume aunque nunca se dio».

El 2 de septiembre de 2011, el Congreso aprobó por lectura única la reforma del artículo 135 de la Constitución, y el Senado, el día 7. Desde entonces, el pago de la deuda «gozará de prioridad absoluta». No hubo referéndum: la Constitución solo lo exige si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara, y no se pidió.

Ese mismo año, la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva, llegó a 66.815 millones de euros. Desde 2012, lo que se podía sacar cada año dejó de tener tope: «no resultará de aplicación el límite del tres por ciento». Entre 2012 y 2019 se sacaron 80.337 millones, y en 2020 quedaban 2.138. No fue una apropiación indebida: se usó para pagar pensiones. Era un diseño sin blindaje.

En 2012, un decreto-ley abrió una amnistía fiscal. En 2017, el Tribunal Constitucional la anuló, y en 2021 anuló también el cálculo de la plusvalía municipal. Las dos veces, con efectos solo hacia delante: las liquidaciones ya firmes no se revisaron.

En 2014, el Banco de Inglaterra publicó un artículo que «explica cómo la mayor parte del dinero de la economía moderna lo crean los bancos comerciales al conceder préstamos». El dinero no sale de un ahorro guardado que alguien presta: «el acto de prestar crea los depósitos: al revés de la secuencia que suelen describir los manuales».

Ese mismo año, la reforma del impuesto sobre la renta dejó una escala estatal que ya no se ha puesto al día, salvo un tramo añadido en 2021 por encima de 300.000 euros. Desde 2015, «El mínimo del contribuyente será, con carácter general, de 5.550 euros anuales», la misma cifra. Entre 2015 y 2025, los precios subieron un 28,0 %. Con el mismo poder de compra se paga más, sin que ninguna ley suba el impuesto.

En 2015, la ley del procedimiento administrativo puso por escrito de qué lado cae la balanza. Los actos de la Administración «se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten», y los documentos de los funcionarios con condición de autoridad «harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario». Probar lo contrario le toca al ciudadano.

Desde 2017, el balance de la Seguridad Social está en negativo: «El balance de la Seguridad Social recoge desde 2017 un patrimonio neto negativo que, a 31 de diciembre de 2024, asciende a 106.138,7 millones de euros». Son ocho cierres seguidos. Y debe al Estado 126.170 millones en préstamos.

En diciembre de 2018 caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que gobierna a los jueces. No se renovó hasta junio de 2024: cinco años y medio. Los evaluadores europeos contra la corrupción lo llamaron «un asunto de preocupación crítica».

En 2020, con el estado de alarma, se prohibió circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo excepciones. El estado de alarma «no permite la suspensión de ningún derecho fundamental». En 2021, el Tribunal Constitucional concluyó que aquella prohibición «supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho».

A finales de 2021, las pensiones ya prometidas sumaban 6,13 billones de euros, y no figuran en la deuda oficial, que ese año era de 1.429.404 millones: la prometida era más de cuatro veces mayor. Y el Instituto Nacional de Estadística le pone su propia advertencia: la cifra hace referencia «al valor presente de una suma de cantidades futuras»: no es una deuda que venza hoy.

Y entre 2021 y 2025, la subida de los precios rebajó la deuda del Estado, en términos reales, en 306.760 millones de euros, mientras se pagaban 172.603 millones en intereses. El Estado es el mayor deudor del país. Lo que pierde quien ahorra lo gana, en buena parte, quien debe.