Capítulo 37 Crónica: El siglo de la fuerza

En 1907 salió un libro con un título corto, El Estado, y una tesis sobre su origen que cabía en una línea: una institución «impuesta por un grupo humano vencedor a un grupo humano vencido».

En 1911, el aviso vino de quien había estudiado de cerca los partidos socialistas de su tiempo. Lo que vio lo dejó en una frase: «quien dice organización dice, de todos modos, tendencia a la oligarquía». Y le dio rango de ley: «la ley de hierro de la oligarquía».

En 1913, un diccionario en inglés definía la inflación como «expansión o aumento indebido, por emisión excesiva; dicho de la moneda». En 1914, en español, la palabra solo era «Acción y efecto de inflar». Y en 2001 la Academia ya la definía como «Elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para la economía de un país». La palabra nombraba antes la causa, la moneda emitida de más, y acabó nombrando el efecto, los precios que suben.

En 1919, un libro sobre las consecuencias económicas de la paz advirtió: «Con un proceso continuo de inflación, los Gobiernos pueden confiscar, en secreto y sin que nadie lo note, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos».

En 1922, un estudio de las formas de mandar llegó a una conclusión: a ninguna le basta con que la obedezcan por interés o por afecto, y «cada una procura más bien despertar y cultivar la creencia en su "legitimidad"».

El 12 de marzo de 1930, en la India, un hombre salió a pie hacia el mar. El 5 de abril llegó a Dandi, tras unos 385 kilómetros, y a la mañana siguiente recogió un puñado de sal. La sal era monopolio británico: producirla era violar la ley. A finales de año, unas sesenta mil personas estaban en la cárcel; la cifra la da una sola fuente. En 1947, una ley británica dispuso que desde el 15 de agosto se establecieran «dos dominios independientes», la India y Pakistán.

El 26 de diciembre de 1933, en Montevideo, una convención entre Estados dejó escrito qué hace falta para ser uno. El Estado, como «persona de Derecho Internacional», tenía que reunir cuatro requisitos: población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. Ningún Estado recibe su soberanía de una autoridad superior: la tiene porque controla de hecho una población y un territorio, y porque otros Estados se la reconocen. Y los firmantes se obligaron a no reconocer lo que se adquiriera por la fuerza.

El 6 de junio de 1945, mientras se preparaba el juicio de Núremberg, el fiscal de los Estados Unidos le confió a su presidente un temor: que, con los años y la paz, lo que se había denunciado durante la guerra pareciera increíble si no quedaba escrito con claridad y precisión. Y lo resolvió en una regla: «Debemos probar hechos increíbles con pruebas creíbles».

Ese mismo año, la Carta de las Naciones Unidas obligó a sus miembros a abstenerse «de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Que hiciera falta prohibirlo indica que antes era práctica habitual.

El 1 de enero de 1946, en Japón, la negación llegó de quien menos se esperaba. El emperador declaró por escrito que el vínculo con su pueblo no nace de mitos ni leyendas, ni se basa en «la idea ficticia de que el emperador es un dios manifiesto». Lo firmaba el mismo al que se tenía por dios.

El 1 de octubre de 1946, el tribunal de Núremberg dictó sentencia. Había juzgado a quienes obedecieron las leyes de su propio Estado, y dejó escrito que «los crímenes contra el derecho internacional los cometen hombres, no entidades abstractas».

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos habló de la rebelión en su preámbulo, y lo hizo para alejarla: consideraba esencial un régimen de derecho que protegiera los derechos, «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».

En 1950, las Naciones Unidas recogieron lo que aquellos juicios habían dejado sentado: que la ley de un país no castigue un crimen no libra de responder a quien lo cometió, y haber obedecido a su Gobierno o a un superior tampoco libra, siempre que de hecho se pudiera elegir. La ley natural quedaba por encima de la que cada Estado se pone.