Anexo C. Lo que cuesta el Estado: el anexo de datos

C.0 Qué es este anexo y cómo se lee

La idea: cada dato lo publica alguien; lo que no existe es la suma, y este anexo enseña cuánto cuesta hacerla.

Este anexo reúne, con su fuente y su fecha, el detalle de las cifras que 8.6 resume. Los años no siempre coinciden, porque cada organismo publica en su calendario: por eso las proporciones son órdenes de magnitud, y los cálculos de la obra se dicen como tales. Lo que ya está explicado en un capítulo no se repite: se nombra con su remisión. [35.00-0.0.2; 35.00-3.1]

Lo que la ley obliga a publicar. Las retribuciones de los altos cargos son públicas (Ley 3/2015, art. 4; Ley 19/2013)^◦, y el número y las retribuciones del personal eventual, también (Estatuto Básico del Empleado Público, art. 12.2)^◦. Pero la ley deja a cada administración publicar lo suyo: sumarlo exige buscar en fuentes distintas, con formatos, fechas y criterios distintos. [35.00-1.1]

C.1 Cuántos son

La idea: los altos cargos, los asesores y los cargos electos se pueden contar, pero en decenas de ficheros, con topes y huecos; ninguna cifra única los recoge.

Altos cargos de la Administración del Estado. El Portal de la Transparencia publica la retribución íntegra de cada uno desde 2013, en 23 ficheros, uno por ministerio, y sin un total. Los registros por año son 695 en 2017, 859 en 2021, 798 en 2023, 798 en 2024 y 743 en 2025; una persona puede aparecer más de una vez, y los cambios de Gobierno aumentan los registros: son registros de retribución, no personas distintas. En 2025, la retribución media es de 92.294 euros y 392 registros, el 52,8 %, superan los 100.000; en 2024, 323 de 798, el 40,5 % (Portal de la Transparencia, retribuciones de altos cargos; recuento de la obra)^◦. Los importes de 2024 del Portal suman 64,6 millones (cálculo de la obra); los de los asesores no están en él. [35.00-1.2, con la errata del 07: 392 y 52,8 %, media de 92.294 €]

Dificultad: la descarga tiene un tope de 1.000 registros por consulta, ordenados por año; la consulta habitual del fichero de Asuntos Exteriores devolvió error del servidor en tres intentos, y los filtros por fecha no devolvieron resultados. Por eso no se ha podido cerrar si un año es un récord histórico. [35.00-1.2]

Asesores (personal eventual). El Boletín Estadístico del Personal da para los ministerios 869 personas en julio de 2023, 924 en julio de 2024, 936 en enero de 2025 y 959 en enero de 2026; de estas últimas, 490 están en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que incluye el Área de la Presidencia del Gobierno (Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, enero de 2026, tabla 2.3)^◦. En enero de 2025 había además 46 en organismos autónomos. Son un mínimo (5.1). Lo que cuesta el conjunto solo consta en la Presidencia del Gobierno: 18,03 millones al año (C.2). [35.00-1.3, con la errata del 07: 936 en enero de 2025]

Dificultad: solo se han podido obtener las ediciones del Boletín desde 2023 (las anteriores tienen otro nombre de fichero y no se localizaron); y el Boletín no incluye, por su propia metodología, el personal eventual de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de los órganos constitucionales, ni da los sueldos de cada asesor. La ley dice que el número y las retribuciones son públicos, pero no hay un recuento consolidado. [35.00-1.3]

Cargos electos. 350 diputados y 266 senadores en la XV Legislatura. Los 17 parlamentos autonómicos suman 1.212 escaños, y 1.262 con las asambleas de Ceuta y Melilla (la ley o el decreto de cada comunidad, suma de la obra)^◦. Lo que cobraron en 2024 los cargos autonómicos y locales lo recoge el sistema ISPA del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública:

Fuente: ISPA 2025 (retribuciones de 2024), recuento de la obra en sus hojas. La nota del propio ISPA advierte de que los datos los facilitan las entidades, de que los listados no son definitivos y de que no responde de su veracidad. [35.00-1.4, con las erratas del 07: 1.195 ayuntamientos y 1.212 escaños autonómicos]

Dificultad: no se ha podido cerrar cuántos concejales se eligieron en 2023: el dossier del Ministerio del Interior devolvió un error de acceso, y la cifra oficial está repartida en los resúmenes provinciales de la Junta Electoral Central en el BOE. [35.00-1.4]

Aforados. La única cifra oficial localizada es de 2017, dada de palabra en el Congreso: casi 250.000 (8.5, n.º 8). En septiembre de 2018 el Ministerio de Justicia anunció un estudio sobre el aforamiento, y no se ha localizado su resultado (La Moncloa, notas de prensa del Ministerio de Justicia de 12 y 14-9-2018)^◦. [35.00-1.5]

Por qué no se ha podido cerrar todo. Los datos están repartidos entre organismos, ficheros y formatos: 23 ficheros de altos cargos, más de 8.000 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas, el Boletín, el Congreso y el Senado. Las descargas tienen topes y devuelven errores; los listados oficiales advierten de que no son definitivos y de que hay entidades que no informan; la única cifra de aforados se dio de palabra hace nueve años; y la web de Función Pública rechazó la conexión desde el equipo de trabajo (los mismos datos se localizaron en el dominio digital.gob.es). El hecho documentado es que la información está publicada en su mayor parte, pero repartida y sin totales. Es el muro de opacidad (8.6). [35.00-1.6; 35.00-1.7]

C.2 Lo que cuestan

La idea: el total de la nómina pública se conoce; el detalle de quien gobierna, no se publica sumado.

El total. La remuneración de los asalariados de todas las administraciones públicas, cotizaciones del empleador incluidas, fue de 172.749 millones de euros en 2024: 30.606 millones el Estado, 108.023 las comunidades autónomas, 30.997 los ayuntamientos y diputaciones, y el resto, 3.123, la Seguridad Social (Eurostat, remuneración de asalariados por subsectores; el último, por diferencia)^◦. En enero de 2026 trabajaban para ellas 3.071.725 personas: 546.554 en el Estado, 1.930.273 en las comunidades autónomas y 594.898 en la Administración local (Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, enero de 2026, tabla 1.1)^◦. Cálculo de la obra, solo como orden de magnitud y con fechas que no coinciden: unos 56.000 euros de coste medio por empleado público al año, cotizaciones incluidas. [35.00-2.1; 35.00-2.2, con la errata del 07: 56.238 €]

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se han prorrogado en 2024, 2025 y 2026, así que sus cifras siguen vigentes. [35.00-2.1]

Lo que se puede desglosar. [35.00-2.3]

[35.00-2.5 a 2.10; 35.00-1.3; 35.00-2.8, con la errata del 07: 68,57 millones. {completo} Interior: 8.591,7 millones en la Ley de 2023; 8.590,2 en el presupuesto prorrogado]

Diputados y senadores. Lo que cobra cada diputado se explica en 7.2. Cada senador percibe una asignación de 3.417,54 euros al mes en catorce pagas, más los complementos de su cargo, más una indemnización exenta de impuestos de 2.193,50 euros al mes, o de 1.046,08 si es de Madrid, también en catorce pagas (Senado, régimen económico, actualizado el 15-9-2026)^◦. Cálculo de la obra: un senador sin cargo y de fuera de Madrid recibe unos 78.555 euros al año, de los que unos 30.700 están exentos de impuestos. {completo} El diputado recibe una indemnización exenta de 2.162,85 euros al mes, o de 1.032,38 si es elegido por Madrid (Congreso de los Diputados, régimen económico de 2026)^◦. [35.00-2.7]

La Casa del Rey. La asignación global para 2026 es de 8.431.150 euros, la misma desde 2021 (seis ejercicios seguidos), y de ella 3.804.452 son gastos de personal. El Rey percibe 290.000 euros; la Reina, 160.000; la Reina doña Sofía, 131.000; y los once altos cargos de la Casa, entre 122.886,10 y 178.915,94 euros cada uno (Casa de S.M. el Rey, presupuesto y retribuciones de 2026)^◦. El Tribunal de Cuentas auditó las cuentas de 2025 con opinión favorable: «expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera»; y el resultado del ejercicio fue negativo, de 719.334,93 euros (en 2024, de 99.591,80) (Tribunal de Cuentas, informe de 25-6-2026, y cuentas anuales de 2025 de la Casa)^◦. Ni el Tribunal de Cuentas ni las cuentas atribuyen ese resultado a que el presupuesto esté congelado. [20.00-14.1; 20.00-14.3; 35.00-2.4; 20.00-35.13, punto 1]

Lo que no dicen ni su presupuesto ni sus cuentas es cuántas personas trabajan en ella. El presupuesto de 2026 dedica 32.500 euros al personal laboral de la Casa y 1.818.350 a «los complementos que percibe el personal que presta servicio en la Casa» (Casa de S.M. el Rey, distribución del presupuesto de 2026, artículos 13 y 15)^◦prueba ✔; y las cuentas explican que esos complementos «se puedan asignar a otro personal que presta servicio en la Casa» (cuentas anuales de 2025, nota 11.1; Real Decreto 434/1988, art. 12.1)^◦prueba ✔. Hay, pues, personal que sirve en la Casa y cuyo sueldo no figura en su presupuesto. Del personal civil sí hay cifra: la relación de puestos del Ministerio de la Presidencia, en el Portal de la Transparencia, publica como anexo la de la Casa del Rey, con 161 puestos de funcionarios a 1-X-2026 (159 no vacantes y 2 vacantes) (Portal de la Transparencia, relación de puestos de trabajo del Ministerio de la Presidencia, anexo de la Casa de S.M. el Rey, 1-X-2026)^◦. Cuántas personas más sirven en la Casa y quién les paga el sueldo no se ha podido leer en una fuente oficial.

El coste de la Jefatura del Estado. No tiene cifra oficial. Un informe de REMCO (Universidad de Málaga, marzo de 2026), con datos de la Casa de 2021 y relaciones de puestos de 2023, lo calcula en unos 105 millones de euros (105,24 en sus tablas 1 y 2; 104,86 en la 5), de ellos 80,07 de personal; el propio informe avisa de que la seguridad, que no se desglosa, podría subir esa cifra. Es un estudio académico, nivel B, no una cifra oficial (REMCO, informe sobre el coste de las jefaturas del Estado (marzo de 2026); fuente secundaria)^◦. [20.00-14.2; 34.00-12.9; leído hoy en c9e; 17.00-83.1]

Las tres esferas: quién paga a quién. Cada administración paga a su personal con su propio presupuesto, pero el dinero sale en buena parte del mismo contribuyente, repartido entre las tres. Las comunidades de régimen común se quedan con el 50 % del IVA producido en su territorio (Ley 22/2009, art. 35)^◦ y, en la práctica, con la mitad del IRPF (art. 26)^◦, además de impuestos cedidos enteros y de los fondos del sistema. Sus entregas a cuenta fueron de 156.990 millones de euros en 2026 y serán de 170.529 millones en 2027 (Ministerio de Hacienda, notas de 30-7-2025 y 29-7-2026)^◦. El País Vasco y Navarra tienen régimen foral propio, que aquí no se analiza. Los ayuntamientos tienen sus impuestos obligatorios, el de bienes inmuebles, el de actividades económicas y el de vehículos, y otros voluntarios (Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 59)^◦, más su participación en los impuestos del Estado: 31.826 millones de entregas a cuenta en 2027, importe provisional (Ministerio de Hacienda, 29-7-2026)^◦. Cálculo de la obra, como orden de magnitud: la nómina de las comunidades, 108.023 millones en 2024, equivale a unos dos tercios de lo que reciben del sistema de financiación. [35.00-2.11]

La cifra de 2026 es la comunicada en julio de 2025; la nota de julio de 2026 da los 170.529 millones de 2027 como «un 8,1% más que en 2026», lo que supone unos 157.750 millones para 2026 tras la actualización (cálculo). [35.00-2.11]

Lo que no se publica por separado. No hay un coste total de todos los asesores del Estado; los Presupuestos no separan el sueldo de los militares en activo ni el de los policías del resto del personal de sus ministerios; lo que cobran los cargos de las comunidades y de los ayuntamientos no se suma; la financiación de cada esfera no aparece en un cuadro único, y hay que reconstruirla con notas de prensa del Ministerio de Hacienda, liquidación a liquidación; y la Casa del Rey no dice cuántas personas trabajan en ella. La lista entera del muro de opacidad está en 8.6: «La ley obliga a publicar cada dato; nadie está obligado a publicar la suma». [35.00-2.12; 34.00-12.10; 35.00-2.13]

C.3 El cuadro de las partidas

La idea: de cada 100 euros que gastan las administraciones, 26,5 van a las pensiones de la Seguridad Social, 23,7 a su personal, 5,3 a intereses y 3,2 a Clases Pasivas; lo que cuestan quienes gobiernan es una fracción mínima, pero es la parte con reglas propias.

Las cifras de este anexo, en un solo cuadro. Cada línea lleva su año y remite al apartado donde está su fuente; las marcadas «estimación» son cálculos de la obra. Referencia: el gasto total de todas las administraciones públicas fue de 764.884 millones de euros en 2025 (Eurostat, gov_10a_main)^◦. [35.00-3.1; 35.00-3.2]

Nota a la primera línea: lo que mezcla la partida de la Seguridad Social. La estadística publica aparte las pensiones de la Seguridad Social y las de Clases Pasivas, pero la primera bolsa no es solo la de quien trabajó en la empresa privada. Dentro van también los empleados públicos que ingresaron desde 2011, el personal laboral de las administraciones, casi todos los funcionarios autonómicos y locales, y los alcaldes, concejales y parlamentarios que cotizaron por su cargo; y parte de lo que se cotiza por ellos lo pagan las administraciones con impuestos. Por eso Clases Pasivas es solo un mínimo de lo que se paga a quienes sirvieron al Estado. Se explica en C.5, y se juzga en el cargo 23. [lectura de 35.00-3.4 a la luz de 35.00-4.7, 4.11 y 5.5, por indicación de Kiko]

La deuda, en treinta años. Entre 2021 y 2025, la subida de los precios rebajó la deuda pública, en términos reales, más de lo que se pagó en intereses (8.3). Contada desde 1996, la cuenta sale al revés: de 1996 a 2025 la inflación la rebajó en 544.751 millones, y se pagaron 775.087 millones en intereses, 230.336 más (cálculo de la obra con Eurostat y el INE, con el mismo método de 8.3). Es un hecho que no encaja con la dirección de aquellos cinco años, y se dice. [34.00-11.8]

Conclusión, lo que arrojan los datos: de cada 100 euros que gastan las administraciones, unos 26,5 van a las pensiones de la Seguridad Social, que no son solo las de quien trabajó en la empresa privada (C.5); unos 23,7, a pagar a los empleados públicos; unos 5,3, a intereses de la deuda; y unos 3,2, a las pensiones de Clases Pasivas. Lo que cuestan la Jefatura del Estado y los cargos políticos es una fracción mínima del total, pero es la parte con reglas propias, y la más difícil de sumar con los datos públicos. [35.00-3.22, con la cuenta rehecha: 202.975, 181.494, 40.314 y 24.837 entre 764.884]

Fuentes del cuadro: Eurostat, gov_10a_main (gasto total, remuneración de asalariados e intereses, 2025) y gov_10dd_edpt1 (deuda, 2025); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nota de pensiones de 25-9-2026; Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados, secciones 02, 07, 14, 16 y 25; Casa de S.M. el Rey, transparencia 2026; Congreso y Senado, régimen económico de 2026; Ministerio de Hacienda, notas de financiación de 30-7-2025 y 29-7-2026; AIReF, informe sobre los presupuestos iniciales de 2026. [35.00-3.23]

C.4 La jubilación y el despido de cada colectivo

La idea: la edad a la que cada uno puede dejar de trabajar, lo que conserva después y si se le puede despedir no son iguales para todos; quien sostiene el sistema con su trabajo tiene la regla más dura.

La carga no es la única diferencia (8.4). Solo se recoge lo verificado en el texto oficial. [35.00-4.1]

Cuándo se retira cada uno. [35.00-4.20]

Los expresidentes del Gobierno. Desde su cese disponen de dos puestos de trabajo a su servicio (de nivel 30 y 18), una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres, en la cuantía que fijen los Presupuestos, un automóvil de representación con conductores, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estime necesarios y libre pase en los transportes regulares del Estado; tienen derecho a la pensión indemnizatoria y causan derechos pasivos de Clases Pasivas (Real Decreto 405/1992, arts. 3 y 4)^◦. Esa pensión es mensual, igual a la doceava parte del 80 % de las retribuciones del cargo, durante un plazo igual al tiempo que se desempeñó y con un máximo de veinticuatro mensualidades (Ley 74/1980, art. 10.5, norma primera)^◦. No es vitalicia: la idea, muy extendida, de un 80 % sin límite de plazo no está en la norma. Lo vitalicio es su condición de consejeros natos del Consejo de Estado, con el estatuto de los consejeros permanentes (Ley Orgánica 3/1980, art. 8.1)^◦; hoy no figura ningún expresidente en su Pleno (composición oficial consultada el 4-10-2026), así que ninguno cobra por esa vía. Lo que sí reciben los cuatro es la dotación de oficina: la partida «Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92)» es de 298.320 euros al año, 74.580 por cada uno (Presupuestos Generales del Estado de 2023, programa 912M, concepto 480)^◦, y el real decreto no les exige justificar en qué la gastan. Sus dos asesores son personal eventual: solo pueden ejercer «funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial», su nombramiento y cese son libres, y su número y sus retribuciones deben ser públicos (Estatuto Básico del Empleado Público, art. 12)^◦. El real decreto les reconoce derechos, pero no les fija ninguna obligación. [35.00-4.5]

Los expresidentes autonómicos, en un sondeo de tres comunidades. En Cataluña, al cesar, el 80 % del sueldo durante la mitad del tiempo en el cargo (como mínimo, una legislatura) y, desde los 65 años, una pensión vitalicia del 60 % (Ley 6/2003, arts. 2 y 3)^◦. En el País Vasco, una pensión vitalicia del 50 % del sueldo anual del cargo al llegar a la edad de jubilación, con al menos dos años en el cargo (Ley 7/1981, de Gobierno, art. 38)^◦. En Andalucía, la asignación del 60 % desde los 65 años se suprimió en 2011 (Ley 9/2011)^◦, y hoy solo quedan la oficina y la seguridad (Ley 2/2005)^◦. Las otras catorce comunidades están por investigar. [35.00-4.6]

Diputados y senadores. Durante el mandato, sus cotizaciones a la Seguridad Social las paga el presupuesto de la Cámara (Congreso de los Diputados, protección social)^◦. El complemento que elevaba su pensión de jubilación con cargo a los presupuestos de las Cámaras, que exigía haber sido diputado o senador al menos siete años (Reglamento de Pensiones Parlamentarias, art. 2)^◦, se suprimió en 2011, pero sin efecto retroactivo: lo conservan quienes «el día de la constitución del Congreso de los Diputados y del Senado de la X Legislatura hubieren devengado el derecho» (reforma del Reglamento de 19-7-2011, art. 2, BOCG, Cortes Generales, serie A, núm. 455)^◦prueba ✔. La página de protección social del Congreso fija esa fecha: «se mantiene para quienes hubiesen devengado el derecho a su percepción con anterioridad al 13 de diciembre de 2011» (Congreso de los Diputados, «Protección Social»)^◦prueba ✔. Al cesar, quien haya estado al menos dos años en el cargo cobra, mes a mes, una indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, con un máximo de veinticuatro (Reglamento, arts. 13 y 14.1)^◦; desde la X Legislatura es incompatible con «cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado» (art. 14.2, reformado en 2011)^◦prueba ·. [35.00-4.7]

¿Se les puede despedir? [35.00-4.12]

• Asalariado: sí, con indemnización tasada (8.6): por causas objetivas, 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades (Estatuto de los Trabajadores, art. 53.1.b)^◦. [35.00-4.13]
• Funcionario de carrera: tiene derecho a «la inamovilidad» (8.6); solo pierde la plaza por renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación, separación del servicio por falta muy grave o inhabilitación penal firme (Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 63 y 96.1.a)^◦. El personal laboral de la Administración sí puede ser despedido, por falta muy grave (art. 96.1.b)^◦ o por las causas del Estatuto de los Trabajadores. [35.00-4.14]
• Diputados y senadores: no. No están ligados por mandato imperativo, y solo pierden el escaño por las causas tasadas del Reglamento del Congreso (8.5, n.º 8). [35.00-4.15]
• Gobierno y alcaldes: al Gobierno lo puede hacer caer el Congreso con una moción de censura aprobada por mayoría absoluta (Constitución, art. 113.1)^◦; al alcalde, una moción de censura de los concejales (Ley Orgánica del Régimen Electoral General, art. 197.1)^◦. [35.00-4.16]

La evaluación del desempeño que la ley exige a todas las administraciones, y la regla transitoria que la sustituye en la del Estado, se explican en 5.1. [35.00-4.19]

Conclusión, lo que arrojan los datos: quien sostiene el sistema con su trabajo en el régimen general se retira años más tarde, y con menos garantías, que quienes están en los regímenes especiales; a él se le puede despedir pagando una indemnización tasada, mientras que al funcionario de carrera solo por falta muy grave o condena, al parlamentario nadie puede quitarle el escaño durante su mandato y al gobernante solo lo aparta un voto de la Cámara o del pleno municipal. [35.00-4.17]

C.5 Las pensiones, por régimen

La idea: hay dos bolsas que se publican aparte, y la de la Seguridad Social lleva dentro más de lo que su nombre hace creer.

Las dos bolsas. [35.00-5.1]

• Seguridad Social (régimen general, autónomos, mar y minería): 10.547.417 pensiones a más de 9,5 millones de personas, con una nómina de 14.498,2 millones de euros en septiembre de 2026. Pensión media: 1.374,6 euros; la de jubilación, 1.576,1. [35.00-5.2]
• Clases Pasivas (funcionarios civiles de la Administración del Estado, militares, Administración de Justicia, Cortes Generales y otros órganos del Estado): 740.431 pensiones a 720.276 personas, con una nómina de 1.774,1 millones de euros en agosto de 2026. [35.00-5.3]

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nota de pensiones de 25-9-2026, que incluye los datos de Clases Pasivas de agosto. [35.00-5.11]

Cálculo de la obra con esos datos: la pensión media de Clases Pasivas es de unos 2.396 euros al mes, 1,7 veces la de la Seguridad Social; Clases Pasivas son el 6,6 % de las pensiones y se llevan el 10,9 % de la nómina conjunta. Al año, con catorce pagas, unos 202.975 millones de la Seguridad Social y unos 24.837 de Clases Pasivas. [35.00-5.4]

Lo que lleva dentro la bolsa de la Seguridad Social. El nombre hace pensar en quien trabajó en la empresa privada y pagó su cotización; la norma y el dato dicen que dentro van también:

1. Los empleados públicos que ingresaron desde 2011, el personal laboral de las administraciones y casi todos los funcionarios autonómicos y locales, que se jubilan por la Seguridad Social, sin que las estadísticas los separen del resto (8.6).
2. Los alcaldes y concejales con dedicación: se les da de alta en el régimen general, y la cuota de empresa la paga el ayuntamiento (Ley 7/1985, art. 75.1 y 75.2)^◦ (C.4).
3. Los diputados y senadores: durante el mandato, sus cotizaciones las paga el presupuesto de la Cámara (C.4).
4. Lo que se cotiza por todos ellos: la cuota de empresa del personal público la pagan las administraciones, con impuestos. De los 223.612 millones de cotizaciones de 2025, 161.409 los pagaron los empleadores, y la estadística no separa lo que pagan las administraciones de lo que pagan las empresas (5.1, n.º 3).

Ninguna de las cuatro cosas es secreta: cada una está en su ley o en su estadística. Lo que no existe es la cifra que las separe. Es la forma de la maniobra camuflada (5.1): un nombre que sugiere una cosa, y una norma que dice otra; describirla no exige suponer intención. [lectura de 35.00-5.5, 4.7 y 4.11, por indicación de Kiko; 5.1, n.º 3 y 23; cargo 23]

Límite honesto: por lo mismo, Clases Pasivas no recoge a todos los que han trabajado para el Estado, y su cifra es un mínimo de lo que se paga a quienes lo sirvieron. Y la obra no ha podido medir cuánto de la bolsa de la Seguridad Social corresponde a cada grupo, ni cuánto de lo cotizado salió de impuestos: la estadística no lo separa. [35.00-5.5]

Agrupado por régimen. Los grupos se forman por el régimen que se aplica, no por las personas: en Clases Pasivas están sobre todo docentes, militares, guardias civiles, jueces y personal de la Administración, no solo cargos políticos. [35.00-5.6]

• A. Seguridad Social: quienes trabajaron en la empresa privada, los autónomos, los empleados públicos que ingresaron desde 2011 y los cargos que cotizaron por su puesto. Unos 14.498 millones de euros al mes. [35.00-5.7]
• B. Clases Pasivas: funcionarios del Estado que ingresaron antes de 2011. Unos 1.774 millones al mes: el 6,6 % de las pensiones y el 10,9 % de la nómina. [35.00-5.8]
• C. Prestaciones por razón de un cargo político: la dotación de oficina y los asesores de los expresidentes del Gobierno (298.320 euros al año de dotación), la pensión indemnizatoria de exministros y expresidentes (como máximo veinticuatro mensualidades), la indemnización por cese de los exparlamentarios (como máximo veinticuatro mensualidades), el complemento de pensión parlamentaria que conservan quienes lo devengaron antes de 2011 y las pensiones vitalicias de algunos expresidentes autonómicos (C.4). Lo verificado: las pensiones a exministros suman 2.379.970 euros al año (Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados, sección 07, concepto 48000)^◦, y la dotación de los expresidentes, 298.320. El complemento y las demás prestaciones de los exparlamentarios no se publican por separado en los Presupuestos: solo hay cifras de prensa, y no coinciden (8.6). Es el grupo más pequeño en euros, pero es el único con reglas que no existen para el resto de los ciudadanos, y su coste total no se publica sumado. [35.00-5.9, sin las cifras de prensa]

Conclusión, lo que arrojan los datos: una de cada quince pensiones, la de quienes sirvieron al Estado bajo el régimen de Clases Pasivas, se lleva uno de cada nueve euros de la nómina. Y la otra bolsa, la de la Seguridad Social, paga también a empleados públicos y a cargos políticos, con cotizaciones que en parte salen de impuestos, sin que ninguna estadística lo separe. [35.00-5.10, con lo añadido de C.5]

Límite honesto de la prueba

• Los años no coinciden: las pensiones son de 2026, la nómina pública de 2024 y 2025, los Presupuestos de 2023 prorrogados. Las proporciones son órdenes de magnitud.
• Los cálculos de la obra se dicen como tales: el coste medio por empleado, el senador sin cargo, la suma de los altos cargos, las pensiones al año, las proporciones del cuadro y la deuda por habitante.
• Las cifras del Portal de la Transparencia pueden cambiar con la fecha de descarga; las del ISPA, según la propia nota, no son definitivas.
• Lo que la obra no ha podido leer en una fuente oficial no está: la plantilla real de la Casa del Rey, el coste total de la Jefatura del Estado, el de los exparlamentarios, los concejales elegidos en 2023 y lo que cobran los cargos de los ayuntamientos que no informaron.
• La obra no sostiene que sobren médicos, maestros o policías: documenta quién cobra qué, quién lo decide, qué régimen tiene cada uno y lo difícil que es saberlo.

La defensa del Estado

Este anexo es de consulta: lleva su propia defensa. [35.00-6.1]

• Los datos son públicos: la ley obliga a publicarlos. No hay opacidad: la ley obliga a publicar las retribuciones de los altos cargos y el número y las retribuciones del personal eventual, y el Portal de la Transparencia lo hace desde 2013. [35.00-6.2] Los contrapuntos de la obra: 1) La obra lo reconoce al empezar: cada dato lo publica alguien (C.0). 2) Pero no existe una cifra única: los altos cargos del Estado están en 23 ficheros sin un total; lo que cobran los cargos de comunidades y ayuntamientos no se suma; y la Casa del Rey no dice cuántas personas trabajan en ella (C.1 y C.2). 3) Lo que se publica sin sumarse cumple la letra de la transparencia, no su fin: el Consejo de Transparencia recibió 2.767 reclamaciones en 2025 (10.2). [35.00-6.3]
• La nómina pública es la que exigen los servicios. La mayor parte del personal trabaja en las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad y la educación. [35.00-6.4] Los contrapuntos de la obra: 1) Es cierto, y el anexo lo muestra: de 3.071.725 empleados públicos, 1.930.273 están en las comunidades, y de 172.749 millones de remuneración en 2024, 108.023 los pagan ellas (C.2). 2) La obra no sostiene que sobren médicos o maestros: documenta la estructura y la dificultad de saberla (C.1 a C.5). 3) Y separa a quien presta el servicio de quien gobierna el sistema: los cargos políticos y eventuales son los que no tienen una cifra única (C.1). [35.00-6.5]
• Los altos cargos cobran menos que en el sector privado. Sus retribuciones son moderadas para la responsabilidad que tienen, y menores que las de puestos equivalentes en la empresa privada. [35.00-6.6] Los contrapuntos de la obra: 1) En 2025, la retribución media de los altos cargos del Estado es de 92.294 euros, y el 52,8 % supera los 100.000 (C.1), frente a un salario medio de 22.962 euros en el sector privado (8.6): unas cuatro veces (cálculo de la obra; la comparación es en bruto). Frente a la mediana de la ganancia bruta anual por trabajador (24.497,17 euros, INE, 2024), la media de los altos cargos es 3,77 veces, y el Presidente del Gobierno, con 96.921,84 euros, 3,96 (cálculo de la obra). 2) La empresa privada paga con su dinero; el Estado, con el de los contribuyentes, y esas retribuciones las aprueba la misma mayoría que gobierna, en los Presupuestos. 3) Y los representantes fijan su propia asignación (7.2). [35.00-6.7, con la errata del 07 y con el salario mediano, leído el 7-oct]
• Clases Pasivas es un régimen a extinguir. Desde 2011, los nuevos funcionarios cotizan en el régimen general, con las mismas edades que el resto. [35.00-6.8] Los contrapuntos de la obra: 1) La obra lo recoge (C.4). 2) Pero el régimen cerrado sigue pagando 740.431 pensiones, con una media de unos 2.396 euros al mes, 1,7 veces la de la Seguridad Social: el 6,6 % de las pensiones, que se llevan el 10,9 % de la nómina (C.5). 3) Y conserva su regla: jubilación voluntaria a los 60 años con 30 de servicio, frente a los 66 años y 10 meses del régimen general en 2026 (C.4). 4) Y los que entraron desde 2011 no salen de la cuenta: pasan a la bolsa de la Seguridad Social, con la cuota de empresa pagada con impuestos (C.5). [35.00-6.9]
• Las prestaciones de los cargos políticos son irrelevantes en el gasto. Las pensiones de exministros, la dotación de los expresidentes y las prestaciones de los exparlamentarios suman unos pocos millones frente a un gasto público de 764.884 millones. [35.00-6.10] Los contrapuntos de la obra: 1) La obra lo concede en magnitud (C.3). 2) Lo que mide no es el tamaño, sino la vara: el complemento de los exparlamentarios se suprimió en 2011, pero sin efecto retroactivo, y lo conservan quienes lo habían devengado antes (C.4). Los beneficiarios decidieron sobre lo suyo. 3) Y ni siquiera su coste se publica: solo hay cifras de prensa, y no coinciden (C.5). Si lo pequeño no se puede saber con exactitud, lo grande tampoco. [35.00-6.11, sin las cifras de prensa]
• La Casa del Rey es transparente y está fiscalizada. Publica su presupuesto, sus retribuciones y sus cuentas, y el Tribunal de Cuentas las auditó con opinión favorable. Los contrapuntos de la obra: 1) Es cierto, y la obra lo dice (C.2). 2) Las mismas cuentas auditadas dan un resultado negativo de 719.334,93 euros en 2025. 3) Y ni el presupuesto ni las cuentas dicen cuántas personas trabajan en ella: pagan complementos a «otro personal que presta servicio en la Casa», cuyo sueldo no figura en su presupuesto (C.2); el personal civil sí consta en la relación de puestos del Ministerio de la Presidencia (161 puestos de funcionarios a 1-X-2026), y los 105 millones de la Jefatura del Estado son un cálculo académico, no una cifra oficial (C.2). [20.00-35.13, puntos 1 a 3; los 105 millones, de un informe académico, leído el 7-oct]

Dónde se oye la defensa del Estado

En este anexo, arriba. Y en el juicio: la transparencia y la Casa del Rey, en el cargo 22; la partida de vejez y las dos bolsas de pensiones, en el cargo 23; la representación y lo que fijan los representantes para sí, en el cargo 6; el Estado social, en el cargo 10.

Para recordar

• Cada dato lo publica alguien; nadie está obligado a publicar la suma.
• De cada 100 euros del gasto: 26,5 a pensiones de la Seguridad Social, 23,7 al personal público, 5,3 a intereses y 3,2 a Clases Pasivas.
• La bolsa de la Seguridad Social paga también a empleados públicos y a cargos políticos, y parte de lo cotizado por ellos sale de impuestos; ninguna estadística lo separa.
• Una de cada quince pensiones, la de Clases Pasivas, se lleva uno de cada nueve euros de la nómina.
• Quien trabaja en el régimen general se retira más tarde y se le puede despedir; al parlamentario, nadie durante su mandato.
• Lo que no se ha podido leer en una fuente oficial no está, y se dice.