Capítulo 45 El radar

El lunes, al volver de dejar a Sofía en el colegio, la furgoneta de los toldos estaba aparcada delante de la persiana, con el morro hacia la calle, como la dejaba siempre. Su dueño esperaba apoyado en la puerta, con un papel doblado asomándole por el bolsillo de la camisa.

—Pierde aceite —dijo—. Y otra cosa.

La mancha del suelo era del tamaño de una mano. El padre subió la furgoneta a la elevadora, vio la junta del cárter rezumando y la dejó escurrir mientras buscaba una nueva en el almacén. El de los toldos se sentó en la silla de plástico junto a la máquina del café, como siempre. Esta vez no sacó el móvil.

—La otra multa la pagué —dijo, sin que nadie le preguntara—. La de aquel día. A mitad, dentro de plazo.

—¿Y lo del vídeo?

—Me lo pensé. —Se encogió de hombros—. No me iba a quedar sin la rebaja por un señor con una estantería.

Sacó el papel del bolsillo y lo desdobló sobre las rodillas, alisándolo con la palma.

—Pero esta no la pago. Esta es de un radar, y el radar se equivocó. Ya he escrito lo que le voy a mandar. ¿Me lo miras antes? Que tú ya has mandado uno.

Lo sabía por su mujer, que lo sabía por Gea, del mercado. El padre se limpió las manos con el trapo antes de coger el papel, como se coge una cosa ajena.

Eran dos hojas escritas a mano, en letra de imprenta, con el bolígrafo tan apretado que se notaba por detrás. Arriba, su nombre completo: Constancio y los dos apellidos, con mayúscula solo la primera letra de cada palabra, como quien se cuida de algo. En el taller siempre había sido el de los toldos.

Lo leyó entero, como leía ahora las cartas. La primera frase decía que no reconocía la jurisdicción de Tráfico sobre su persona. Después venían los hechos: la carretera de la entrada del polígono, la hora, que él iba por debajo del límite y que el aparato se había equivocado. En medio, un párrafo explicaba que el nombre de la multa no era él. Y al final, debajo de la firma, una línea copiada de los vídeos en la que se reservaba todos sus derechos, y al lado, la huella del pulgar en tinta roja.

Cuando escribió el suyo, el padre había leído lo que un escrito así no debe llevar, y lo tenía delante. Cogió el lápiz corto y puso una crucecita en el margen, como las del gestor, al lado de la primera frase.

—Esto, fuera. Si empiezas diciendo que no reconoces a quien te lo tiene que leer, ya no te lee.

—Es lo que dice el hombre.

—Ya. —Otra crucecita, al lado del párrafo del nombre—. Esto ya lo miramos aquel día. —Y otra, abajo—. Y esto. Y la huella.

—La huella es lo importante. Así saben que soy yo, de carne y hueso.

—Así saben de qué vídeo viene. Tu nombre, tu firma de siempre y nada más. Una huella o una tinta de color, y el escrito entero va al montón de los que no se leen. Lo bueno que tengas, también.

Constancio miró las crucecitas. Eran cuatro.

—¿Y qué queda?

—Lo tuyo. Que ibas por debajo: eso ponlo, que lo dices tú, aunque no lo puedas probar. Y luego, lo que te tienen que dar. La copia entera del expediente, con la foto. Quién lo lleva, con su nombre. La dirección donde quieres que te escriban, bien clara, que el Supremo ya ha dicho que tienen que mandarlo ahí. —Se rascó la ceja con el pulgar—. Y que te digan si el radar estaba revisado. A tu furgoneta le pido la inspección. A un aparato que pone multas, algo parecido le tendrán que pedir. Eso no lo sé seguro. Déjamelo mirar esta noche.

—¿Y para qué, si la foto la tienen ellos?

—Porque lo que dice la denuncia vale como prueba, salvo que se demuestre lo contrario. Pero en una multa la presunción también juega de tu lado: no hay responsabilidad mientras no te la demuestren. Para eso se pide con qué te la demuestran. Lo que pongas, que se pueda comprobar. Y lo que pidas, que te lo puedan dar. Lo demás sobra.

—¿Y el plazo?

—Veinte días naturales desde que te llegó. ¿Cuándo te llegó?

—El martes pasado.

—Pues te da tiempo a pasarlo a limpio.

Constancio dobló las hojas por donde ya estaban dobladas.

—Uno de los vídeos dice que con lo del nombre ni siquiera hace falta carné.

El padre dejó la junta nueva encima del banco.

—Ese no va a ir contigo al juzgado. Conducir sin haber tenido nunca carné es delito: cárcel, multa o trabajos para la comunidad, lo pone el Código Penal. Y el que se lo cree, se lo cree de buena fe, y lo paga igual.

Constancio no dijo nada. Se quedó mirando cómo el padre limpiaba con el rascador la cara del cárter, despacio, para que la junta nueva asentara bien.

—Tú eres tuyo —dijo el padre sin volverse—. Eso no te lo quita nadie, ya te lo dije. Lo que no tiene papel es el camino de ese hombre. Hay otro que sale del mismo sitio y no te deja tirado: el de los papeles.

Cuando bajó la furgoneta, Constancio pagó con tarjeta y se guardó las hojas en el bolsillo de la camisa. Ya en la puerta se volvió.

—El radar ese está a la entrada del polígono. Ha cazado a medio barrio. A mi cuñado, al del bar, a la chica de la panadería. —Se quedó un momento con la mano en el marco—. ¿Y si somos muchos con el mismo radar?

—Eso no lo sé. Déjamelo mirar también.

Esta vez se despidió del todo.

Esa noche, con Sofía dormida y Gea leyendo en la cama, abrió la hoja por la pregunta del desayuno: cuánto le pagaban al Estado su mujer y él. Antes de sumar lo que se lleva cobrando, quiso mirar lo que se lleva de otras maneras. La carta se lo había enseñado: el sistema toma actuando, y toma también sin actuar.

Lo primero fue el talonario. En el cajón del taller seguía uno del dueño anterior, de cuando el taller era de otro, con el impuesto de cada factura impreso abajo: dieciséis por ciento. Ahora era el veintiuno. Lo buscó desde el principio. Ese impuesto había entrado en 1986 al doce por ciento; después subió al trece, al quince, al dieciséis, al dieciocho, y en 2012 al veintiuno. Con el cinturón había pasado lo mismo: primero, en carretera y en los asientos de delante; en 1992, también en la ciudad, y detrás en los coches nuevos. Y con el casco: en 1982, solo para las motos grandes en todas partes y para las demás en carretera; en 1992, para todas, en todas partes.

Buscó también lo contrario, porque una regla que solo junta lo que le da la razón no es una regla. Y lo había. El tipo más alto de aquel impuesto, el incrementado, bajó del treinta y tres al veintiocho en 1992 y se quitó al año siguiente. Y a los que ponían placas para tener su propia luz les pusieron un cargo en 2015, y en 2018 se quitó: la norma nueva decía «se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos». Escribió: «La obligación suele entrar estrecha y ensancharse después. No siempre».

Se acordó de lo que había escrito pensando en el coche de Prudencio, lo de la norma que necesita cada vez más salvedades para sostenerse. Esto era otra cosa: no pedía salvedades, pedía más obligación, y se la daban. No lo mezcló. La frase de aquella noche se quedó donde estaba, sin ninguna ley debajo.

Luego vino lo que no se hace. Ahí se puso una regla antes de empezar, porque sin regla cualquier cosa que el Estado no hiciera le iba a parecer una omisión, y no quería ver averías donde no las había. Solo contaría como omisión lo que tuviera tres cosas: un deber escrito de hacerlo, un plazo vencido que se pudiera comprobar y alguien de fuera que lo dijera, un tribunal, Bruselas o el propio Gobierno por escrito. Si faltaba una, era retraso, no omisión. En el taller pasaba igual: un coche que tarda no es un coche averiado.

Lo primero que encontró fue que lo firme no se revisa. La ley de los estados de alarma, que no se había tocado desde 1981, deja requisar bienes e imponer prestaciones a la gente, y cuando el estado de alarma se acaba, se acaban las medidas, «salvo las que consistiesen en sanciones firmes». El Constitucional anuló parte del primer estado de alarma de la pandemia y dijo hasta dónde llegaba eso: lo ya juzgado y lo ya firme no se tocaba; las sanciones, sí se podían revisar. Y no daba derecho a indemnización, porque eran medidas que la gente tenía el deber de soportar. Con la zona de bajas emisiones de Madrid pasó algo parecido: la anularon, el Supremo no admitió el recurso del Ayuntamiento y la anulación quedó firme; la ordenanza nueva rige hacia delante. Y lo cobrado, según el periódico, no se devuelve. Eso último lo apuntó con la nota de siempre: el periódico dice dónde mirar, y el papel del Ayuntamiento no lo había encontrado.

La gasolina le tocó más cerca. Entre 2013 y 2019, cada comunidad pudo cobrar su propio trozo del impuesto de los carburantes. El tribunal de la Unión dijo que eso iba contra la norma europea. Hacienda no admitió las reclamaciones, por fuera de plazo; el Supremo anuló esa negativa y mandó tramitarlas, pero avisó de que el perjuicio, de momento, no estaba acreditado. Pensó en Constancio llenando el depósito de la furgoneta durante esos seis años. Lo apuntó como «una victoria de acceso, no de cobro».

La de los autónomos pequeños y el impuesto, la que ya tenía apuntada entre las que seguían sin resolver, seguía igual. Bruselas lo decía así: «Es el único Estado miembro que no lo ha hecho». Había pedido al tribunal de la Unión una multa por cada día de retraso. Pedida, no puesta. Canarias, que tiene su propio impuesto, la había subido por su cuenta.

Después, el bono de la luz. La Administración decide con un programa quién recibe el descuento de los hogares vulnerables. Una fundación pidió ver el código, para comprobar si el programa aplicaba bien la ley, y se lo negaron. El Supremo le dio la razón en 2025: más de seis años después de que se lo reconociera el Consejo de Transparencia. Más de seis años para ver cómo decide una máquina. En el taller, si la máquina de diagnosis dice que un coche no pasa, el cliente puede mirar la pantalla.

Luego, lo de Constancio. Le preguntó a Sofía IA si un radar tiene que pasar alguna revisión.

Sofía IA: Sí. Los aparatos que miden para sancionar deben pasar un control metrológico. El Tribunal Supremo lo dejó claro en 2015, y en 2017 añadió que el semáforo con cámara, el foto-rojo, también hace mediciones y también debe pasarlo.

La primera la encontró: una sentencia de 2015 que decía que lo que importa es si el aparato mide algo para dejar constancia de una infracción. Si mide, pasa su control. La segunda no. Pidió el papel, y Sofía IA le dio una referencia; al apretarla, lo reconoció: no la había leído entera, la sacaba de un informe del Procurador del Común, una institución que recibe las quejas de la gente, que la citaba. Él buscó la sentencia y tampoco la pudo leer entera. La apuntó con su nota: de segunda mano. Y debajo, lo que sí estaba en el papel: el margen de error de un radar es del cinco por ciento si mide quieto, y del siete si mide desde un coche que se mueve. El de Constancio estaba quieto, a la entrada del polígono. Lo apuntó para decírselo: que pidiera si había pasado su control.

Lo que más le costó fue la dependencia. En 2025, treinta y dos mil setecientas cuatro personas murieron esperando una respuesta: casi dieciocho mil sin que les hubieran resuelto el grado, y casi quince mil con el grado reconocido, esperando la ayuda. El tiempo medio para resolver, trescientos cuarenta y un días. Lo había presentado en el Congreso un observatorio de la dependencia. Echó la cuenta: una persona cada dieciséis minutos. Miró el reloj de la cocina sin querer, y se quedó un rato mirándolo. Lo apuntó en la lista sin ponerle la palabra omisión: le faltaba saber qué plazo marcaba la ley, y eso no lo tenía delante.

Y la publicidad del Estado, las campañas: unos veintiséis millones en 2019, unos setenta en 2024, unos ochenta y ocho en 2025. Había un criterio internacional para cuando eso es un abuso: repartirla a capricho para premiar o castigar a los medios según lo que cuentan atenta contra la libertad de expresión. Que el gasto de aquí cumpliera esa condición no lo había certificado nadie. Por su propia regla, no contaba como omisión, y lo dejó fuera de la lista, en una línea aparte: «Sin tercero, no cuenta».

Antes de cerrar, pasó a la página de «Las máximas» dos que había encontrado esa noche. Una, del diccionario de los juristas: «En caso de duda, a favor del administrado». Y otra, de un decreto de un emperador romano, que leyó dos veces: «hay violencia también siempre que alguien reclama sin juez lo que cree que se le debe». La apuntó sin flecha. Valía para Constancio, si un día le daba por dejar de pagar porque le parecía, y por eso le gustó. Le hizo pensar también en lo que se cobra sin juez, que había visto con la vivienda y el amparo; pero eso la ley lo tiene resuelto a su manera: a esos cobros les da la misma fuerza que a una sentencia. Lo dejó para la otra columna.

Lo que pasó a «Comprobado» lo escribió sin rabia: «Lo que se cobra, se cobra en el acto; lo que se corrige, se corrige tarde, cuando se corrige. En cuatro casos no lo digo yo: lo dice un tribunal, o Bruselas».

Y en «Lo que yo creo», pensando en la lámpara del cable largo con la que se mira debajo de los coches: «El que sujeta la lámpara decide lo que se ve. Si alumbra solo un lado y luego te dice que elijas, no te deja elegir: te lleva la mano». Debajo, más pequeño: «Esto es mío. No lo he medido».

Ya tarde, con la lista hecha, volvió a la pregunta de Constancio. Si eran muchos con el mismo radar.

Encontró más de lo que esperaba. Cuando un asunto llega al juez, la ley deja juntar en uno los recursos contra el mismo acto o contra actos que tienen que ver entre sí. Si hay muchos iguales, el juez puede tramitar uno como pleito testigo y dejar los demás esperando a ver qué sale. En lo de Hacienda, el que está en la misma situación puede pedir, dentro de un año, que le extiendan lo que otro ganó con una sentencia firme. Ante un juez solo, el procurador no es obligatorio. Y la otra cara, que también apuntó: si se pierde del todo, las costas las paga el que recurrió, salvo que el caso tuviera dudas serias.

Encontró también lo que le contestarían si todos los vecinos del polígono mandaban el mismo papel: que una avalancha de escritos iguales es un abuso. Y la respuesta estaba al lado: cada uno escribe sobre lo suyo, con sus hechos, porque el escrito no es un formulario para mandar en masa; y cuando el problema es de muchos, para eso está la vía de juntarse que la ley ya prevé.

En «Comprobado» lo puso como lo diría en el taller: «Para defenderse juntos, los caminos ya están. Lo que falta es encontrar al que tiene el mismo problema».

Ahí se quedó un rato. Constancio había encontrado a los suyos de casualidad: el cuñado, el del bar, la chica de la panadería. ¿Cuántos más habría con el mismo radar, cada uno con su papel en un cajón, sin saber del otro?

Pensó en la carpeta de cartón que Gea había grapado la noche anterior. Lo pedido y lo respondido. Una para cada casa. ¿Y si hubiera una para todos?

En «Lo que yo creo» lo escribió despacio, porque era suyo y no estaba en ningún sitio: un archivo abierto donde cada uno dejara su escrito y lo que le contestaron, o que no le contestaron, cada cosa con un código para que cualquiera la pudiera comprobar, y el nombre solo si el dueño quería. Los que tuvieran el mismo problema se encontrarían ahí. Podrían pagar entre todos uno o dos abogados, con un coste que él calculaba en no más de cien euros por persona, y firmar antes de empezar que, si se perdía, las costas se repartían. Ese riesgo, dicho desde el principio.

Y la ley ya dejaba algunas puertas abiertas para lo demás. La petición podía ser de muchos, firmada por todos. Los tribunales podían juzgar un caso y extenderlo a los que estaban igual. Y la Constitución dejaba entrar a la gente en la justicia, con el jurado y con los tribunales de la costumbre, como el de las Aguas, que se reúne los jueves. Con todo aquello junto y a la vista, se vería quién contesta y quién no, como había dicho Gea.

Debajo escribió, más pequeño, para no engañarse: «Esto no existe. Es una idea».

Apagó la luz de la cocina pasada la una. Al pasar por delante del cuarto de Sofía, vio por la puerta entornada que se había destapado, y la tapó. Lo de cuánto pagaban su mujer y él seguía arriba de la hoja, sin contestar.